Portada » Blog GSL Asesoría de empresas » Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID

Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID

Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID

Esta semana continuamos analizando el Real de Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Tras haber explicado la primera línea de actuación,  Línea de COVID de ayudas directas para autónomos y empresas, pasamos a detallar la segunda: Restructuración de deuda financiera COVID.

Así, esta segunda línea de actuación contará con 3.000 millones de euros que se destinarán a reestructurar los 121.000 millones en créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Medidas de apoyo público a la solvencia:

  • Extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público.
  • Convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.
  • Conceder (como último recurso y con carácter excepcional) ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.

Beneficiarios

Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán en un próximo Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un proceso de renegociación en el que las entidades financieras tendrán que asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo que les corresponda.

Código de buenas prácticas

El Código de Buenas Prácticas, cuyo contenido se aprobará mediante el reiterado Acuerdo de Consejo de Ministros, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito.

Las entidades financieras tendrán que informar adecuadamente a sus clientes sobre su adhesión o no al Código de Buenas Prácticas y la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el mismo.

Las entidades adheridas deberán remitir mensualmente al Banco de España, la información que les requiera la arriba citada comisión de control.

Formalización en escritura pública

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de las operaciones recogidas en este Título II, se bonificarán en 50 %, en los siguientes términos:

  • Por otorgar escritura se devengará el arancel previsto en Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, reducidos al 50 %, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple.
  • Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en que se formalice, en su caso, los aplazamientos previstos en esta norma derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria serán los establecidos en el Decreto de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán también en un 50 %.
  • Si existe garantía real inscribible, por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto sujeto a una bonificación del 50 %.

Moderación de los intereses moratorios

El interés moratorio aplicable será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 1 % sobre el capital pendiente del préstamo.

Régimen sancionador y de cobranza

Por un lado, en relación al incumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente Título II se considerará infracción leve, en caso de incumplimiento ocasional y grave, en caso de incumplimiento reiterado, que se sancionará de acuerdo con lo señalado en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Por otro lado, en relación al régimen de cobranza, es necesario realizar los siguientes seis apuntes:

  • A los avales otorgados en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio, les será aplicable el régimen jurídico de recuperación y cobranza que se desarrolla en el art. 16 del presente RDL analizado.
  • En caso de ejecución de los avales otorgados, se seguirá para el conjunto del principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado.
  • Corresponderá a las entidades financieras formular las reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para recuperar los importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales mencionados en el párrafo anterior.
  • Las mismas entidades financieras no están habilitadas para conceder aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del Estado sin recabar previamente su aprobación.
  • Si el deudor avalado se declara en concurso, será de aplicación las reglas de representación y defensa previstas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
  • Por último, los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales otorgados al amparo de los Reales Decretos citados en el primer punto de este epígrafe ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor avalado.
Abrir chat